La evolución de la Ley Inmobiliaria en Yucatán: cómo la regulación fortaleció la confianza del mercado

En los últimos años, Yucatán se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para la inversión inmobiliaria en México. La seguridad, el crecimiento económico, la infraestructura y la calidad de vida han impulsado la llegada de inversionistas nacionales y extranjeros, así como el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, comerciales y turísticos.

Este crecimiento también evidenció la necesidad de establecer reglas claras para proteger a compradores, vendedores e inversionistas, así como profesionalizar la actividad de quienes participan en la intermediación inmobiliaria. La regulación actual es el resultado de un proceso que comenzó a nivel nacional y que posteriormente fue fortalecido por el Estado de Yucatán.

La NOM-247 marca el inicio de una nueva etapa

El primer gran paso hacia la profesionalización del sector fue la entrada en vigor de la NOM-247-SE-2021, emitida por la Secretaría de Economía y vigente desde septiembre de 2022. Esta Norma Oficial Mexicana estableció requisitos para la comercialización de inmuebles destinados a casa habitación, con el objetivo de brindar mayor transparencia y protección a los consumidores. Entre sus principales disposiciones destacan:

• Información clara y verificable en la publicidad inmobiliaria.
• Reglas sobre la información que debe proporcionarse al comprador.
• Requisitos mínimos para los contratos de adhesión.
• Obligaciones para desarrolladores, comercializadores y demás proveedores que participan en la venta de vivienda.

Aunque la NOM-247 tiene un alcance federal y se enfoca principalmente en la comercialización de vivienda nueva, sentó las bases para una mayor profesionalización del sector inmobiliario en todo el país.

Yucatán publica su Ley Inmobiliaria

Como parte de este proceso de fortalecimiento institucional, el 12 de enero de 2024 se publicó en el Diario Oficial del Estado la Ley que Regula la Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de Yucatán, entrando en vigor al día siguiente. A diferencia de la NOM-247, esta Ley regula específicamente la actividad de las personas físicas y morales que prestan servicios de intermediación inmobiliaria dentro del estado. Su objetivo es:

• Profesionalizar el ejercicio de la actividad inmobiliaria.
• Brindar mayor certeza jurídica a las operaciones.
• Proteger el patrimonio de compradores y vendedores.
• Combatir el ejercicio informal de la profesión.
• Fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario de Yucatán.

Se fortalece el marco regulatorio

Tras la publicación de la Ley, el Congreso del Estado aprobó diversas reformas para facilitar su implementación y fortalecer las atribuciones de las autoridades responsables. Entre los principales avances destacan:

• La consolidación del Registro Estatal de Prestadores de Servicios Inmobiliarios.
• La definición del procedimiento para la expedición y renovación de la Licencia Inmobiliaria Estatal.
• El fortalecimiento de las atribuciones del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY) como autoridad encargada de administrar el registro y emitir las licencias.

Estas adecuaciones permitieron pasar de un marco legal a un sistema operativo capaz de supervisar y profesionalizar la actividad inmobiliaria.

Inicia la emisión de las Licencias Inmobiliarias

En julio de 2026, el Gobierno del Estado anunció la entrega de las primeras 130 Licencias Inmobiliarias, marcando el inicio formal de la aplicación del nuevo modelo regulatorio. La Licencia Inmobiliaria acredita que un asesor o empresa ha cumplido con los requisitos establecidos por la legislación estatal, incluyendo procesos de capacitación y registro ante la autoridad competente.

¿Qué significa esta evolución para los inversionistas?

La regulación inmobiliaria en Yucatán ha evolucionado de manera progresiva para ofrecer un entorno de mayor seguridad y confianza. Hoy, quienes desean comprar, vender o invertir en bienes inmuebles cuentan con un marco legal que promueve:

• Mayor transparencia en las operaciones.
• Profesionales sujetos a requisitos de capacitación y registro.
• Mecanismos para verificar a los asesores inmobiliarios.
• Mayor protección para el patrimonio de los consumidores.

Si bien ninguna legislación elimina por completo los riesgos inherentes a una operación inmobiliaria, este marco regulatorio fortalece la certeza jurídica y contribuye a elevar los estándares de calidad del sector.